Tantas
veces ignorados por las autoridades, representantes sociales, autoridades
amenazadas y ciudadanos que viven con temor acudieron a la sesión
descentralizada de la Comisión de Fiscalización del Congreso. Fiorella Nolasco,
hija de una de las víctimas de esta violencia política, fue enérgica al
expresar situación que se vive en la región. Población la respaldó.
Homicidios por sicariato,
agresiones, extorsiones y amenazas de muerte fueron las principales denuncias
que los ancashinos expusieron en la audiencia pública que realizó la Comisión
de Fiscalización del Congreso, en la ciudad de Chimbote.
La expectativa sobre la
presencia de miembros del grupo parlamentario y otras autoridades, entre ellas
el fiscal de la Nación, José Peláez Bardales, el contralor Fuad Khoury, la
presidenta de la Junta de Fiscales del Santa, Nancy Moreno, motivó a cientos de
personas a darse cita en el auditorio de la Universidad Los Ángeles.
Los testimonios de los
asistentes fueron suficientes para graficar la dura realidad que hoy afrontan,
y que ha costado la vida de líderes políticos por protestar contra la corrupción que se da, denuncian, en el
Gobierno Regional de Áncash.
“Un crimen frustrado”
El primer orador fue el
sacerdote Luis Palomino Palacios, ex alcalde del distrito de Quillo en el
2007-2010. En apenas tres minutos resumió las agresiones y amenazas de las que
fue víctima, incluido el intento de asesinato en su contra.
“Soy un crimen frustrado, si
vivo es gracias a Dios y a mí mismo que sé cuidarme. Cada día busco un lugar
diferente dónde dormir, prácticamente vivo en la clandestinidad. Mi teléfono
está chuponeado, me amenazan, soy víctima de reglaje, si no denuncié fue porque
los mismos policías me dijeron que el coronel (el ex jefe policial Walter
Olivos Romano) juega chueco, que tiene su corazoncito amarillo (color de Cuenta
Conmigo)”, denunció.
Palomino relató que el 4 de
junio del 2010 –un mes antes de que atentaran contra la vida de Ezequiel
Nolasco Campos, consejero regional en ese entonces, y asesinaran al hijastro de
este, Roberto Torres Blas– fue brutalmente golpeado en Huaraz por personas
vinculadas al Gobierno Regional de Áncash, incluso dijo que el actual gerente
de Chinecas, Elvis Camarena Luna, encabezaba el ataque junto a José Rupay y
Victoria Vásquez, del entorno de César Álvarez.
“El 28 de junio del 2012
abandoné la casa parroquial Santos Mártires, donde dormía. A las 11.30 pm.,
mientras los chimbotanos celebraban la Fiesta Patronal en Honor a San Pedrito,
tres sicarios irrumpieron para matarme, pero no me hallaron”, agregó.
"Justicia
comprada"
La intervención de Fiorella
Nolasco, hija del ex consejero regional Ezequiel Nolasco, fue una de las más
esperadas por los asistentes. Ni bien tomó el micrófono afirmó ante las
autoridades presentes que “la justicia (en Áncash) está comprada”.
La hija del ex consejero
regional llegó al auditorio acompañada de miembros de seguridad y portando un
chaleco antibalas. Sin temor a represalias, Nolasco increpó al Fiscal de la
Nación la ineficiencia que realizaron el Ministerio Público y el Poder Judicial
sobre el atentado que sufrió su padre en el 2010 y que costó la vida de su
hermano Roberto Torres Blas.
“Mataron a mi hermano y
ahora callaron a mi papá, ¿por qué? Porque él denunciaba la corrupción y pedía
justicia sobre el asesinato de mi hermano, porque fueron a matarlo a él. (…) Se
encadenó, se desnudó, habló con fiscales que se cambiaron. Avanzaban y
retrocedían el proceso”, manifestó, mientras recibía aplausos.
Nolasco manifestó que si el
anterior presidente de la Junta de Fiscales del Santa, Dante Farro, le hubiera
hecho caso a su padre, este seguiría vivo. Incluso, dijo que cuenta con
documentación que su padre guardó sobre su atentado y que le fue entregada al
fiscal Peláez Bardales en una reunión reservada.
“Yo tengo muchos documentos,
muchas cosas que mi papá se ha encargado de guardar; muchos periódicos, muchos
documentos, pero nadie le ha hecho caso porque la justicia aquí ha estado
comprada. Esa es la verdad. Lamentablemente ha estado comprada”, agregó y
exigió que se saquen a los corruptos de la Fiscalía, el Poder Judicial y de la
Policía.
“A él lo mataron”
Nieves Sánchez Milla,
hermana del ex vicepresidente de la región Áncash Luis Sánchez Milla, asesinado
en julio del 2010 en Trujillo, denunció que el móvil de esa muerte no fue un
robo, sino un crimen político.
“A él me lo mataron. Tengo
atestados policiales donde los únicos testigos, su hijastro (Jhon Lara
Bonifaz), su primo político (Antonio Meza) y el chofer del carro, se
contradicen. Además, no se realizó una pericia. Mi hermano no llevaba consigo
dinero y fue el único a quien dispararon. Su muerte fue planificada”, sostuvo.
En su intento porque se
esclarezca el caso, Nieves Sánchez pidió al contralor Fuad Khoury que revise el
convenio suscrito por el Gobierno Regional de Áncash con la OEI y los
documentos relacionados con la carretera Chacas-San Luis, en los cuales, dijo,
su hermano halló indicios de corrupción, lo que pudo ocasionar su deceso.
A su salida del evento, la
hermana del ex vicepresidente de la región denunció ser víctima de amenazas y
extorsión por aparecer en algunos medios exigiendo que el caso sea devuelto al
Ministerio Público.
Al igual que Nieves
Sánchez, Ericka Boyascki Paredes exigió
justicia por el asesinato de su hermano Jorge Boyascki Paredes, de 51 años.
Aseguró que el crimen tuvo un móvil político porque denunciaba presuntos hechos
de corrupción en las obras financiadas por el Gobierno Regional de Áncash.
“Mi hermano fue asesinado
por denunciar la corrupción en las obras de la región, Jorge tenía un video que
demostraba la mala construcción de las carreteras financiadas por la gestión de
Álvarez. No tengo miedo de lo que me pueda pasar, el delincuente Rubén Moreno
Olivo, conocido como Goro, ordenó el atentado junto con Luis Arroyo Rojas
(alcalde provincial del Santa involucrado también en el atentado a Nolasco
Campos y en el asesinato de su hijo político)”, mencionó.
Jorge Boyascki fue un
presidiario que estuvo formando un gremio de construcción civil para tener
participación en las obras, y en esas circunstancias empezó a denunciar
presuntas irregularidades en la gestión de Álvarez. El 24 de abril del 2011 fue
asesinado de cuatro balazos.
Ayer, se podría decir,
muchos de los ancashinos olvidados fueron escuchados.
Comisión de Fiscalización
recibió 130 denuncias
Los testimonios recogidos
por la Comisión de Fiscalización que preside Vicente Zeballos serán trasladados
a Lima para su investigación.
“Indagaremos las 130
denuncias. Áncash ha mantenido reprimido todo lo que hoy hemos escuchado y que
servirá para esclarecer los crímenes que aún se encuentran impunes”, dijo
Zeballos.
Por su parte, la Fiscalía
informó que la investigación del asesinato del ex consejero regional Ezequiel
Nolasco ya está oficialmente bajo la responsabilidad de Manuel Castro Sánchez,
fiscal supraprovincial contra la criminalidad organizada, quien despacha en
Lima.
En tanto, el contralor Fuad
Khoury anunció que llegarán a Áncash cuarenta auditores para inspeccionar
diversas obras y dependencias del gobierno regional.
"Preparamos un
contingente desde esta semana. Por el factor sorpresa tampoco anunciaremos qué
vamos a auditar", informó durante su intervención.
Por su parte, el procurador
anticorrupción, Christian Salas, asistió a las instalaciones de la Fiscalía,
ubicadas en Chimbote, para revisar algunas denuncias que involucran al
presidente regional, César Álvarez, entre ellas la del supuesto centro de
escucha ‘La Centralita’.
Según refirió, se habrían
detectado varias irregularidades en el archivamiento del caso.(La República)
