Con la opinión pública
concentrada en el Mundial de Fútbol muchos temas importantes para el país
terminarán relegados a un segundo plano. En tanto, no parece que los más
importantes se vayan a solucionar por sí solos, seguirán acumulando tensiones.
Tal sucede con las múltiples
señales de una desaceleración de la economía que, según el ex ministro de
economía del régimen aprista Luis Carranza, viene sintiéndose desde el 2011. No
parece que medidas como las anunciadas por el gobierno, de aligerar trámites
burocráticos o de reducir la deuda tributaria de las empresas con la Sunat,
vayan a revertir el proceso de contracción de la actividad económica. Por parte
de la Confiep, las iniciativas se limitan a demandar mayores facilidades para
la inversión en actividades extractivas sacrificando los estándares de cuidado
ambiental, o sea más de lo mismo.
Desgraciadamente, parece que
se empezará a sentir las consecuencias de la opción de Ollanta Humala por el
fácil piloto automático.
Es hondamente sintomático
que el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe-CEPAL sitúen este año a Bolivia entre los
países con mayor crecimiento económico en la región. El Banco Mundial
pronostica que liderará el crecimiento económico en América del Sur por
supuesto por encima del Perú (http://bit.ly/1oYv3sQ).
En el otro tema clave, el de
la corrupción, el contralor general de la República Fuad Khoury –el mismo que
la semana pasada anunciaba triunfalmente que estaban acercándose “a probar” la
corrupción del presidente de la región Áncash, César Álvarez–, gallardamente ha
reconocido que la corrupción ha sobrepasado la capacidad operativa de la
Contraloría. Y ahora, quién podrá defendernos…
¿Estamos preparados para
afrontar la corrupción y sus efectos disolventes ahora que, a partir de hoy,
finalmente se pondrá a discusión en el Parlamento el informe de la megacomisión
encargada de investigar los actos de corrupción cometidos durante el segundo
gobierno de Alan García? Conspira en contra el timming político, con el Mundial
de Fútbol acaparando la atención de la opinión pública y de los medios, y con
el final de la legislatura ad portas. Afortunadamente no todo está perdido.
Hasta aquí, se conoce que apoyarán el informe los nacionalistas, Perú Posible y
Acción Popular–Frente Amplio.
Obviamente los apristas
estarán en contra, mientras que los fujimoristas y SN de Luis Castañeda Lossio
deberán pronunciarse recién en el debate que se inicia.
Es importante que el pleno
del Congreso haya decidido, contra la oposición de los parlamentarios apristas,
que se discuta el informe caso por caso y que se debatan todos los casos,
incluso aquellos que fueron cuestionados por el Poder Judicial. Ante la
argumentación de los voceros del Apra de que el PJ ha cuestionado todo el
informe en su conjunto Sergio Tejada, el presidente de la megacomisión,
recuerda que el pronunciamiento del PJ solo anula las declaraciones de Alan
García (aquellas en las cuales en un alarde de sinceridad él presumía de haber
firmado todos y cada uno de los narcoindultos, revisado todos los expedientes,
contando con la asesoría divina, mientras mentía públicamente sobre los alcances
de los indultos y conmutaciones que había firmado) y las recomendaciones que se
deriven de ellas. El Pleno tiene la facultad de discutir todo el informe y
luego decidir si vota las conclusiones que tengan que ver con García Pérez.
Intervenciones de varios
líderes apristas durante las últimas semanas han tratado de limitar el debate a
un ámbito estrictamente judicial, rechazando sus implicaciones políticas. No es
de sorprender que los apristas quieran circunscribir el tema narcoindultos al
ámbito de un PJ sobre el cual demuestran una y otra vez un amplio control.
Acaba de hacerse público que el ex fiscal de la Nación José Peláez Bardales
rechazó un pedido de la procuraduría anticorrupción para investigar a García
por los narcoindultos. Pero hay infracciones concretas a la Constitución que
demandan una acusación constitucional. Alan García ha violado el mandato
constitucional expreso (Artículo 8º) de que el Estado combate el narcotráfico,
al liberar a 3.207 sentenciados por tráfico ilícito de drogas, y ha arrasado
con el principio constitucional de la separación de poderes al crear, en
palabras del presidente de la megacomisión “un sistema judicial paralelo en el
que un porcentaje altísimo de las sentencias del Poder Judicial era cuestionado
por el propio presidente de la República”.
La aprobación del informe
requiere mayoría simple, por lo que es de esperar que asistamos a un áspero
debate. Que el Mundial no nos gane por goleada.(Nelson Manrique-Diario La
Republica).
